En 2018, la Corte sentó un precedente histórico respecto a los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar, sin embargo, éste ha beneficiado a muy pocas personas.
La primera vez que en México se reconoció el trabajo de más de 2.3 millones de personas empleadas del hogar fue en 2018, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional y discriminatorio que no hubiera una obligación para que los patrones los inscribieran ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
A raíz de la sentencia de la Suprema Corte, el IMSS implementó en 2019 un programa piloto que, hasta febrero de este año, ha incorporado a poco más de 40,000 personas trabajadoras del hogar, es decir, solo el 1.9% del padrón de personas registradas por el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH).
“Estamos hablando de un número muy reducido en comparación al total de trabajadoras del hogar a nivel nacional. Es una muestra de que muy pocos compañeros y compañeras están siendo incorporados al seguro social”, lamenta Marcelina Bautista, fundadora del CACEH y del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar.
Hoy, en el marco del Día Internacional de las Empleadas del Hogar, a tres años de la sentencia del máximo tribunal y cuando hay avances legislativos en la materia, revisamos los avances y los retos para garantizar los derechos de las personas trabajadoras del hogar.
Hay avances, pero…
En 2018, la Corte sentó un precedente histórico respecto a los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar, y a partir de ahí, reconoce Marcelina Bautista, se impulsaron otras acciones positivas.
“El avance a partir de esta sentencia es importante, sobre todo después del trabajo que se hizo para quitar todas las trabas, como en el tema del seguro voluntario. El hecho de que hoy se esté trabajando para contar con seguridad social obligatoria es un gran avance y nosotras lo celebramos”, expresa.
Sin embargo, todavía el 97% de las personas trabajadoras domésticas siguen sin tener contrato ni prestaciones laborales, y eso incluye seguridad social. Bautista señala que sus compañeras y compañeros aún se enfrentan a la discriminación y a la violación de sus derechos laborales.
“En la actualidad, la mayoría de las compañeras trabajan de manera informal a pesar de lo que dicen las leyes. El 97% de las trabajadoras no cuentan con prestaciones y muy pocas tienen contrato de trabajo por escrito”, dice Bautista en entrevista con Expansión Política.
Y esto ocurre, agrega, mientras la mayoría de las personas trabajadoras del hogar se van recuperando de los empleos que perdieron desde el inicio de la pandemia, cuando los patrones decidieron prescindir de sus servicios sin liquidarlas conforme a la ley precisamente por la falta de contratos.
