🔸 Un juez federal dictó prisión preventiva justificada a los implicados en una red de contrabando de combustibles, tras un decomiso histórico de 10 millones de litros de diésel en Tampico.
#NACIONAL | El 8 de septiembre de 2025, un juez federal vinculó a proceso al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y a nueve integrantes de la Secretaría de Marina (SEMAR) por su presunta participación en una red de huachicol fiscal. La audiencia, que se extendió por más de 18 horas en los juzgados del Altiplano, concluyó con la imposición de prisión preventiva justificada y un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) se originaron a partir de un decomiso realizado en marzo de 2025 en Tampico, Tamaulipas, donde fueron asegurados 10 millones de litros de diésel, un buque y 190 contenedores. La FGR señaló que la red permitió el ingreso de 32 embarcaciones con combustible al país, reportado falsamente como aditivos, lo que generó un daño económico al Estado.
Durante la audiencia, el juez reclasificó los hechos como delincuencia organizada con fines de realizar delitos relacionados con hidrocarburos. En el caso del vicealmirante Farías, se determinó que habría ejercido funciones de dirección dentro de la estructura. Otros dos implicados habrían coordinado la designación de servidores públicos en aduanas, además de recibir dinero para facilitar el ingreso de embarcaciones.
Entre los demás imputados se encuentran Anatalia “N”, Carlos “N”, Fernando “N”, Humberto “N” y Sergio “N”. De acuerdo con la investigación, estos habrían participado en la simulación de revisión de buquetanques, en distintos grados, que incluyó evitar inspecciones mediante el uso de cámaras de vigilancia.
La FGR presentó testimonios que describieron el modo de operación del grupo, entre ellos Rubén Guerrero Alcántara, quien fue asesinado en 2024 en Manzanillo, pero habría dejado información sobre el caso antes de su muerte. También se presentaron testimonios de testigos protegidos que relataron la operación de la red de huachicol fiscal.
Durante la audiencia, los imputados solicitaron ser trasladados a un penal militar. Uno de ellos argumentó que ha recibido amenazas por su condición de integrante de la Marina.
Este caso representa uno de los golpes más significativos contra altos funcionarios de seguridad en las administraciones morenistas, reflejando un esfuerzo por combatir la corrupción y la impunidad en las instituciones del Estado.
