Mientras esto sucede en Estados Unidos, México sigue siendo el único país de los tres que forman el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que aún no regula el consumo personal o recreativo de la marihuana. Aunque desde marzo de 2021 la Cámara de Diputados aprobó en lo general un dictamen que así lo hace, aún falta que se apruebe alguno de los dictámenes sobre el tema que están en el Senado.
En México la mayoría de las personas detenidas por posesión simple de estupefacientes es por marihuana. Pese al discurso del partido oficialista Morena de estar a favor de la despenalización de la cannabis, sigue habiendo una criminalización de la misma. Entre 2009 y 2020, solamente en el fuero federal se ejerció acción penal en contra de 8,980 personas por el delito de posesión simple de drogas. Ante ello, hay que preguntarse: ¿Qué mejoró con esas detenciones? ¿Hay más paz en el país? ¿Se detuvo el consumo? ¿Se resolvió el problema de salud de los adictos? La respuesta es clara: no. México sigue nadando en el mar de sangre en que se han vuelto sus calles militarizadas mientras la despenalización avanza en Estados Unidos y el mundo.
Desde 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón sacó al Ejército de los cuarteles para combatir al crimen organizado, los homicidios han crecido exponencialmente y este sexenio se perfila para ser el más violento de la historia reciente de México. Pero el consumo de drogas en el país ha aumentado, incluso en gente más joven. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, la droga más utilizada fue la marihuana: 8.6% de la población la había consumido alguna vez en su vida y 2.1% el año previo. Era un “aumento significativo” respecto a la encuesta pasada.
Por eso es importante lo que hizo el presidente Biden al perdonar a estas personas. Entre 2001 y 2010, más de ocho millones de estadounidenses fueron arrestados por poseer marihuana, 88% de ellos por un uso personal. Hoy quienes antes tenían antecedentes penales a nivel federal, que les impedía acceder a empleos o créditos hipotecarios, tendrán un historial limpio. Los más afectados por este estigma eran ciudadanos negros y latinos.
Los años han probado que la prohibición de las drogas no detiene su uso y que quien se sigue beneficiando de su ilegalidad es el crimen organizado. Más allá de la marihuana, el ejemplo de la cocaína es claro: desde los años 70, cuando el presidente estadounidense Richard Nixon declaró la “guerra contra las drogas”, los usuarios mundiales no han disminuido sino aumentado, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El sitio InSight Crime documentó que un kilo de cocaína cuesta entre 2,000 y 3,000 dólares en Colombia, donde se produce, y desde ahí comienza un viaje al alza: 20,000 en Estados Unidos, 35,000 en Europa, 50,000 en China y hasta 100,000 en Australia.
¿Prohibirla ha logrado combatir su producción y tráfico? Parece que no, porque tan solo en 2020 hubo 20,000 muertes por sobredosis de esta droga en Estados Unidos, cuatro veces más que en 2010. Las drogas son un problema de salud pública que debe tratarse como tal.
El gobierno de Biden parece entenderlo, al menos con la marihuana, y por eso también solicitó al secretario de Salud y Servicios Humanos y al fiscal general que inicien un proceso administrativo para revisar la consideración de esa planta en virtud de la ley federal. Esto es importante dado que la marihuana estaba en la misma lista de drogas que la heroína o el LSD e, incluso, se consideraba más dañina que el fentanilo o la cocaína.
México podría dar mejores pasos hacia un modelo auténtico (inspirado en experiencias internacionales) de regulación. Hoy, el Congreso solo ha regulado parcialmente el uso terapéutico del CBD, prohibido el uso del THC y criminalizado la compra de semillas para cultivo personal. Peor, las autoridades no han publicado los reglamentos para que los usuarios hagan valer de forma segura su derecho a acceder a productos cannábicos, tal y como lo ha estipulado, desde 2015, la Suprema Corte de Justicia.
Lo anunciado en Estados Unidos es un esfuerzo por hacer las cosas diferentes, fiscalizar el negocio, intentar que los criminales opten por el tráfico legal (aunque el mercado negro no ha desaparecido), se verifique la calidad de los productos y los usuarios no corran riesgos al comprar cannabis. Y sobre todo, por respetar los derechos que se vulneran con el prohibicionismo: al trabajo, a la salud, a la educación y a la vivienda, por ejemplo. En México, quienes están en la cárcel acusados de posesión simple (incluso sin comprobárseles el delito) tienen esos derechos suspendidos.
Por eso el panorama en el país no pinta nada bien. La guerra contra las drogas sigue vulnerando nuestros derechos a vivir libres de violencia y a desarrollar libremente nuestra personalidad. Mientras las autoridades en México sigan optando por el oscuro camino de militarizar la seguridad pública, con el Ejército por delante para hacer frente al uso de las drogas, esta seguirá siendo crisis de salud de balazos y no de salud. Es hora de modificar la estrategia.
